La COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, culminó con un acuerdo para destinar US$ 300 mil millones anuales a países en desarrollo hasta 2035, con el objetivo de combatir la crisis climática. Este monto sustituye a los US$ 100 mil millones previstos para el período 2020-2025. Sin embargo, la decisión ha generado controversia.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, calificó el resultado como “menos ambicioso de lo esperado”, instando a que el acuerdo se “honre íntegramente y dentro del plazo”, y que los compromisos “se traduzcan rápidamente en recursos financieros”. A pesar de sus reservas, Guterres consideró el documento como una base para mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C.
Las naciones más vulnerables al cambio climático expresaron su indignación, considerando el acuerdo una “ofensa”. Su propuesta inicial de US$ 1,3 billones anuales, significativamente superior a la cifra acordada, reflejó la brecha entre las necesidades y los recursos disponibles. El texto final de la COP29 reconoce este “desfase” entre los flujos de financiamiento y las necesidades, especialmente en adaptación, estimando una necesidad de entre US$ 5,1 y 6,8 trillones hasta 2030, o US$ 455-584 mil millones anuales.
El acuerdo también aborda la necesidad de reformar la arquitectura financiera multilateral, destacando la dificultad que enfrentan los países en desarrollo para acceder a fondos debido a diversos factores como altos costos de capital, espacio fiscal limitado, deudas insostenibles, altos costos de transacción y condicionamientos en el acceso a recursos climáticos. “[La conferencia] reitera la importancia de reformar la arquitectura financiera multilateral y subraya la necesidad de remover barreras y abordar los factores desfavorables enfrentados por los países en desarrollo en el financiamiento de la acción climática, incluyendo elevados costos de capital, espacio fiscal limitado, niveles de deuda insustentáveis, elevados costos de transacción y condicionalidades para acceso a los recursos para el clima”, reza el acuerdo.
Guterres describió el año 2024 como “brutal”, marcado por temperaturas récord y desastres climáticos, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando. Destacó la necesidad desesperada de recursos financieros para los países en desarrollo, “asfixiados por la deuda, devastados por desastres y dejados atrás en la revolución de las energías renovables”.
La COP29 también estableció las reglas para un mercado global de carbono respaldado por la ONU, facilitando el comercio de créditos de carbono y estimulando la reducción de emisiones e inversiones en proyectos sostenibles. Guterres calificó la negociación como “compleja”, en un contexto geopolítico incierto y dividido, pero elogió el esfuerzo por alcanzar un consenso, demostrando que el multilateralismo puede “encontrar un camino incluso en las cuestiones más difíciles”.
Guterres afirmó que el fin de la era de los combustibles fósiles es una “inevitabilidad económica”, y que las nuevas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) deben acelerar esta transición de forma justa. Brasil presentó su tercera generación de NDC, comprometiéndose a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 59% y un 67% para 2035, manteniendo su objetivo de neutralidad climática para 2050. El documento detalla las acciones sectoriales para la mitigación de emisiones.
La próxima COP30 se celebrará en Belém, Brasil, en noviembre de 2025.
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